Armas mexicanas contra el tráfico ilegal

El viernes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que seguirán las acciones jurídicas en Estados Unidos por el contrabando de armas. Pondero las opciones de gobierno y sociedad revisando lo acontecido con la primera demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra los fabricantes de armas estadounidenses.

Fue presentada en 2021. La rechazó un juez federal. México apeló y una Corte de Apelaciones validó por unanimidad el argumento mexicano. El caso llegó a la Suprema Corte, que no estuvo de acuerdo con esa apelación y que, también por unanimidad, desechó el argumento de México al considerar que sus acusaciones no eran lo suficientemente concretas para superar la ley de inmunidades que protege a la industria de las armas estadounidense.

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Es una derrota que, sin embargo, permite la multiplicación de los litigios penales y civiles porque el máximo tribunal estadounidense también validó aquellas demandas que cumplan con los requisitos fijados por dicho tribunal de aquel país. En concreto, la inclusión de evidencia sobre una participación activa de la empresa demandada en el daño causado.

El segundo litigio presentado por México en 2022 es mucho más específico, pues demuestra que cinco tiendas de Arizona vendieron armas a personas que las adquirían para entregarlas a criminales. Es una querella viva que podría llegar a la Suprema Corte y que comentaré llegado el momento.

Donald Trump regaló al gobierno mexicano otra ruta cuando designó como “terroristas” a las principales organizaciones criminales mexicanas. La ley estadounidense es clarísima al respecto. Recibirá multa y/o cárcel quien “proporcione apoyo material o recursos” a los ahora terroristas y antes criminales con “cualquier propiedad, tangible o intangible”, incluyendo las “armas”.

Supongamos que las familias de personas ejecutadas honren a sus difuntos demandando a las empresas que fabricaron y/o vendieron el arma. Uno de los mayores obstáculos es la opacidad de los gobiernos de ambos países sobre las armas “rastreadas”.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) es una dependencia federal aborrecida por los conservadores de aquel país. Entre sus tareas está el monitoreo de los mercados legales e ilegales de las armas. La ATF tiene años haciéndolo a petición de las fiscalías mexicanas. Según documentos de ese organismo, entre 2018 y 2023 “rastrearon” 136 mil 894 armas recuperadas en México. La información sobre la cantidad es pública, pero se reservan el nombre del fabricante, la tienda que la vendió y la persona que la compró. Eso impide trazar con claridad el camino que inicia en circuitos legales estadounidenses y termina en las manos de sicarios que asesinan.

Si alguna familia valora demandar, debe saber que existen organismos de derechos humanos y bufetes en los dos países dispuestos a apoyarlas gratuitamente, siempre y cuando las víctimas tengan antecedentes pulcros. Esos casos generalmente se aprovechan para difundir la tragedia humanitaria que afecta a personas inocentes en Estados Unidos y México, lo cual se inserta en la batalla cultural sobre la proliferación de armas.

En México falta que las organizaciones de víctimas incorporen el tema en su agenda, consideren litigios y soliciten a Palacio Nacional respaldos de diverso tipo porque, después de todo, va en el interés de gobierno y sociedad frenar el contrabando ilegal de armas. Es un momento propicio porque la presidenta mexicana y el mandatario estadounidense comparten un discurso para frenar el tráfico de armas y narcóticos en aras de la seguridad binacional.

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Las relaciones entre los dos países atraviesan una zona de turbulencias, acrecentada por las actitudes del movimiento encabezado por Trump, quien continúa tomando decisiones de manera unilateral, insultando a la población de origen latino y denigrando a la bandera mexicana. En Los Ángeles juegan con fuego.

Ante un escenario tan inquietante, una de las armas mexicanas más poderosas es querellarse contra quienes fabrican y venden las armas enviadas de contrabando a México. El gobierno mexicano ya lo hace; falta que las víctimas y sus aliados inicien la larga marcha por tribunales estadounidenses. Es una forma de taponar el sangrado causado por los mercaderes de la muerte.

Comentaré esta columna en mi canal de YouTube.

@sergioaguayo

Colaboró Dulce Alicia Torres Hernández