El paro de los jueces: magistrados con togas protestando contra el Gobierno en varias ciudades y manifestantes que insultan a Sánchez

Cientos de jueces y fiscales se han manifestado este miércoles en sedes judiciales de todo el país con un paro de diez minutos a las 12 de la mañana para simbolizar su oposición a dos reformas impulsadas por el Gobierno: las que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y también la estructura de la Fiscalía. Los juristas han comparecido en algunas de estas protestas vestidos con toga y en algunos casos ciudadanos que les apoyaban han proferido insultos contra el Presidente del Gobierno.

La convocatoria ha sido realizada por las principales asociaciones de jueces y fiscales, exceptuando a las progresistas que no se han sumado. Son las mayoritarias y conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales junto con la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta última ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado en la causa por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En algunas de estas concentraciones, como ha sucedido en Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla o Melilla, los manifestantes han protestado ataviados con su toga de juez o fiscal. En otros lugares como Barcelona algunos han llevado la toga colgando del brazo de forma simbólica.

La concentración más grande ha tenido lugar en el Tribunal Supremo, donde más de un centenar de jueces y fiscales tanto de este organismo como de la Audiencia Nacional y varias fiscalías especializadas han comparecido mientras los portavoces Vicente González Mota (APIF) y Rosa Frías (AF) leían un comunicado acompañados, entre otros, del presidente de la AN, Juan Manuel Fernández; magistrados de ese mismo tribunal como María Tardón, Antonio Piña, José Luis Calama o Eloy Velasco; magistrados del Supremo como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya o Manuel Almenar y fiscales el más alto rango como Javier Huete y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Todos ellos han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado también en el Parque de la Villa de París para mostrarles su apoyo al grito de “valientes”, “independencia judicial” y “libertad”. “Solo nos quedáis vosotros y la UCO”, han añadido.

Ha sido frente a los juzgados de Plaza de Castilla donde los manifestantes, aproximadamente un centenar, han elevado más el tono. Ondeando banderas de España, han gritado “No es un gobierno, es una mafia” o “Familia Castejón, todos a prisión”. Algunos se han acercado a las puertas del juzgado y han seguido lanzado: “Pedro Sánchez, hijo de puta”, “Pedro Sánchez, a prisión”. En ese momento, y coincidiendo en todo caso con el final de los 10 minutos de parón, los jueces y fiscales ataviados con togas se han retirado.

Antes de que se produjeran las ofensas contra el presidente del Gobierno, cinco representantes de las asociaciones de jueces y fiscales han leído su manifiesto.

A la convocatoria han acudido, entre otros, el magistrado Adolfo Carretero, que actualmente investiga al exdiputado Iñigo Errejón y antes investigó el 'caso mascarillas'. También han estado presentes como público la dirigente de Vox Marta Castro o la exdiputada también de Vox Macarena Olona. También han estado mostrando su apoyo sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

En Barcelona, la protesta ha congregado a unas decenas de jueces y fiscales ante la entrada principal de la Ciudad de la Justicia. Los asistentes no llevaban la toga puesta, a diferencia de otras concentraciones. Como máximo, solo una minoría la llevaba colgando del brazo. Representantes de las asociaciones convocantes han leído el manifiesto y el acto se ha desconvocado. En la primera fila figuraban veteranos de las asociaciones conservadores en Catalunya, como el exportavoz de la APM en la comunidad, el magistrado Luís Rodríguez Vega, o la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.

En la Región de Murcia, los concentrados han leído un manifiesto en el que denuncian “la gravedad de las reformas legislativas en curso que amenazan principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal”. “Estas reformas, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político”, han reprochado.

A las puertas del Palacio de Justicia de Guadalajara, el representante de la APM en la región, Ricardo Gallego, ha asegurado que si el Ministerio de Justicia no atiende sus protestas, “se elevará el tono de las reivindicaciones y, como ya se ha dicho a nivel nacional, no se descarta que esto acabe en una huelga”.

El manifiesto de las asociaciones

Representantes de todas las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han leído un manifiesto ante sus compañeros de carrera para exponer los argumentos por los que consideran que es necesario frenar las iniciativas legislativas defendidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución “implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía”.

Y, al hilo, han advertido de que “esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”.

Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal –que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso– y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). “Iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro”, han incidido.

“No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente”, alertan.

Contra la reforma de acceso a las carreras

Las asociaciones han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras “no responde a demanda social alguna”. Y han recordado que, además, “ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

“Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”, han apuntado.

También han criticado que el texto legislativo incluya medidas, “como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces”, y que pretenda “crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”.

Asimismo, reprochan al Ejecutivo que ponga “falsamente a Europa como excusa” para modificar la base de ambas carreras “convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”.

“Riesgo de injerencias políticas”

En el marco del manifiesto, las asociaciones también han criticado la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. “Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo”, señalan.

Y recalcan que ello, “sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en “un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.

Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los “temores” de las asociaciones eran “infundados”. Este miércoles, el ministro Bolaños se ha pronunciado sobre las protestas, manifestando su “máximo respeto” por ellas, al tiempo que ha defendido las reformas que quiere sacar adelante su departamento como necesarias “para europeizar y para modernizar nuestro Poder Judicial”.