La agresión a una periodista en Los Ángeles reabre el debate sobre el uso de armas ‘menos letales’ para reprimir manifestaciones

La imagen es contundente: la periodista australiana Lauren Tomasi se lleva las manos a las piernas tras recibir el impacto de una bala de goma en plena cobertura de las protestas migratorias en Los Ángeles. El video, difundido por 9News, se viralizó en redes sociales, generando preocupación internacional por el uso de armas “menos letales” por parte de la policía estadounidense para dispersar manifestaciones.

Tomasi y su camarógrafo cubrían el tercer día consecutivo de protestas contra las nuevas medidas migratorias del presidente Donald Trump cuando fueron alcanzados por un proyectil lanzado por un agente antidisturbios. Aunque la reportera confirmó en su cuenta de X que ambos se encuentran fuera de peligro, el incidente ha reabierto una discusión sobre estas armas “menos letales”.

Luis Pablo Beauregard, corresponsal de EL PAÍS en Los Ángeles, estuvo en el lugar. Recolectó evidencias e identificó restos de los proyectiles utilizados por la policía. Uno de ellos era una cápsula de espuma de 37 milímetros, conocida como Multiple Foam Baton Round. Un cilindro de espuma dura de 20 centímetros de largo que viaja a alta velocidad y que no discrimina entre las personas que se encuentran en el lugar donde esta arma es lanzada.

“Estas armas no deberían estar presentes en contextos de protesta. Su uso contradice los estándares internacionales que rigen la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales”, señala Daira Arana Aguilar, directora de Global Thought. Lo dice desde Ciudad de México, donde en las protestas feministas, activistas denuncian el uso constante de gases lacrimógenos, extintores y otros elementos que no están contemplados en la ley mexicana de uso de la fuerza.

Pero este no es un fenómeno nuevo. El 9 de noviembre de 2023, 23 organizaciones de derechos humanos llevaron el tema ante una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Este armamento puede causar lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso la muerte”, advirtió entonces Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.

Las organizaciones de la sociedad civil han insistido en la necesidad de una regulación clara y estricta. Pero el vacío persiste. No existen protocolos internacionales uniformes, ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. “La protesta social no debe tratarse como un problema de orden público, sino como el ejercicio de un derecho fundamental”, afirmó Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México.

Tanto la Relatoría Especial de la ONU sobre la Tortura como Amnistía Internacional han pedido la prohibición del uso de proyectiles múltiples, por su efecto indiscriminado. “La posibilidad de lograr una prohibición a nivel nacional en Estados Unidos es prácticamente nula en este momento. Pero no se empieza desde ahí”, señala John Lindsay-Poland, codirector del programa California Healing Justice del American Friends Service Committee (AFSC). En California, episodios de represión violenta como los ocurridos tras el asesinato de George Floyd han motivado reformas locales para regular el uso de estos dispositivos.

El periodismo ha seguido de cerca este fenómeno. Una investigación transfronteriza coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló que, a medida que crecen las protestas, también lo hace el negocio de la represión con armas “menos letales”. “En manos de las distintas fuerzas policiales, este armamento ha dejado una estela de dolor: miles de lesiones, decenas de traumas graves, impactos psicológicos y también muertes. Todo lo que, en teoría, debía evitarse”, dice María Teresa Ronderos, directora del CLIP.

La agresión a Lauren Tomasi se suma a una preocupante lista de ataques a la prensa durante protestas. Solo durante las manifestaciones iniciadas el 6 de junio en Los Ángeles, la International Women’s Media Foundation ha documentado más de 20 agresiones contra reporteros, incluidas al menos cuatro provocadas por armas “no letales”.

En cualquier democracia, los periodistas deberían poder ejercer su labor sin temor a ser agredidos. Aunque ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido durante las protestas del 8 de junio, José Zamora, director del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), advierte: “Cuando un periodista es atacado por hacer su trabajo durante las protestas, toda la sociedad pierde. La violencia contra los periodistas no es solo un ataque individual; es un atentado directo contra el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.”